El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido al final del artículo 6º de la Constitución Mexicana desde 1977: "El Derecho a la Información será garantizado por el Estado". Es la garantía fundamental que tiene toda persona para obtener información (noticias, datos, hechos, opiniones e ideas), informar y ser informada, de forma compatible con otros derechos humanos, engloba tanto libertades individuales (libertades de pensamiento, expresión e imprenta) como otras de carácter social (el derecho de los lectores, escuchas o espectadores a recibir información objetiva, oportuna y el acceso a la documentación pública).
Pocos derechos fundamentales podrían asociarse hoy de manera tan natural al desarrollo armónico de las sociedades como el derecho a la información, no sólo recogido implícitamente por los ordenamientos que sobre derechos humanos han promulgado los principales organismos internacionales, sino vinculado por ellos mismos a la democracia.
Tal postura encuentra sustento en los valores mínimos que toda democracia constitucional debe cumplir, y a partir de los cuales pueden y suelen tomar la forma que mejor se adapta y responde a las particularidades sociales y culturales de cada nación que la adopta como régimen y sistema de vida.
Esto implica un desarrollo de instituciones y prácticas sociales en que se pueda reconocer procedimientos o mecanismos que generan una poliarquía abierta "cuya competición en el mercado electoral atribuye poder al pueblo e impone específicamente la capacidad de respuesta de los elegidos frente a los electores", según definición de Sartori.
En México, ni el derecho a la información ni ninguna concepción de democracia conocida y aceptada ha sido referente válido para gestionar la interlocución entre el poder político y la sociedad, ni mucho menos para "el encauzamiento y solución de conflictos o cuestiones centrales de la vida social".
Por el contrario, el régimen autoritario que dominó a México a lo largo de casi todo el siglo pasado creó una serie de instituciones formales que sirvieron fundamentalmente para darse a sí mismo la legitimidad que nunca pretendió conseguir a través de la democracia.
Esto derivó en una grave inestabilidad constitucional, una generalizada inobservancia del ordenamiento jurídico y una representación política anodina y disfuncional.
El régimen pudo sostenerse así durante 71 años, pero en el último proceso electoral federal ya no fue capaz ni de articular todos los mecanismos de control ilegítimos que le aseguraron históricamente los votos suficientes para preservar el poder, ni echar mano de prácticas ilegales que en otros tiempos le permitieron burlar el sufragio popular impunemente.
El resultado fue su desplazamiento del poder y el arribo a la Presidencia de la República de un candidato de un partido político de oposición.
Esta primera alternancia real en el Poder Ejecutivo Federal abre las puertas para rebasar lo que ha sido un largo proceso de liberalización política, y pasar a una efectiva transición democrática que derive en su consolidación.
